Santo Domingo, República Dominicana.- La violencia contra la niñez y la adolescencia continúa siendo un fenómeno persistente y cotidiano en la República Dominicana, afectando de manera directa el bienestar, la salud mental y el ejercicio pleno de los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes, especialmente dentro del entorno familiar, según evidencias presentadas por el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF).
De acuerdo con el informe «Análisis de la Situación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ante las Violencias en la República Dominicana», más del 63% de los niños y niñas entre 1 y 14 años ha sido sometido a métodos violentos de disciplina en el hogar. La situación resulta aún más preocupante en la niñez de 3 y 4 años, donde estas prácticas alcanzan un 70%.
Durante un diálogo nacional impulsado por UNICEF, la doctora Odile Camilo Vincent, rectora de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), destacó la necesidad de producir evidencias rigurosas y articuladas que permitan diseñar políticas públicas efectivas. Señaló que la violencia contra la niñez no puede seguir enfrentándose con datos fragmentados ni respuestas aisladas.
Las expresiones más extremas de este fenómeno también reflejan cifras alarmantes. Entre 2018 y 2022, al menos 212 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidios intencionales en el país, mientras que solo en 2022 se registraron 33 muertes violentas de menores de edad, lo que evidencia la gravedad del problema.
Por su parte, Carlos Carrera, representante de UNICEF en el país, advirtió que la normalización de la violencia multiplica el daño social y humano. Indicó que sin información confiable, comparable y utilizada de forma estratégica, el país continuará reaccionando tarde ante una problemática que exigte prevención, articulación institucional y voluntad política traducida en acciones concretas.
Ante este escenario, UNICEF y UNIBE promovieron la conformación de una Red Nacional de Investigación sobre Violencia contra la Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de fortalecer los sistemas de monitoreo y transformar los datos en decisiones públicas efectivas, garantizando el derecho de cada niño y niña a crecer libre de violencia.
