Santo Domingo, República Dominicana.- La intervención de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) en las avenidas Duarte y París ha abierto un nuevo capítulo en la compleja relación entre autoridades y trabajadores informales. Mientras el cabildo asegura contar con el respaldo de varias asociaciones de buhoneros, en las calles persisten denuncias, tensiones y dudas sobre el futuro de quienes dependen de estos espacios para subsistir.
De acuerdo con las informaciones oficiales, asociaciones como la de Buhoneros de la avenida París, el Paseo Comercial Duarte y grupos organizados de la calle París, han manifestado su apoyo a los operativos ejecutados por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP).
Estos gremios consideran que las acciones buscan corregir años de ocupación irregular que han afectado la movilidad, la seguridad y la convivencia en uno de los ejes comerciales más activos del país. También valoran que se promueva un uso más organizado del espacio público, con reglas claras para todos los actores.
Desde el cabildo, encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, se ha insistido en que estas medidas forman parte de una estrategia para recuperar áreas comunes y mejorar la dinámica urbana en la capital.
La otra cara | denuncias, tensión y reclamos en el terreno
Sin embargo, la realidad observada en el lugar refleja un panorama más complejo. Durante un recorrido realizado por este medio, varios buhoneros expresaron su inconformidad con la forma en que se ejecutaron los operativos.
Algunos criticaron que las intervenciones se realizaran en pleno Sábado Santo, cuando muchas casetas estaban cerradas, lo que —según alegan— limitó su capacitad de reaccionar. Uno de los vendedores afirmó que logró evitar la remoción de su puesto tras recibir una llamada y trasladarse rápidamente al lugar.
Otros comerciantes aseguraron llevar más de 20 años trabajando en la zona, por lo que consideran que deben ser incluidos en cualquier proceso de reorganización. La principal demanda es la apertura de un diálogo que permita llegar a acuerdos sostenibles sin afectar su sustento.
Aunque no ha sido confirmado oficialmente, algunos denunciaron que durante los operativos se produjeron detenciones y situaciones de tensión.
En contraste con las acciones de desalojo, aún se observan numerosas casetas ocupando aceras, donde los vendedores continúan operando, dejando apenas espacio para el tránsito peatonal.
Acusaciones de desalojos arbitrarios y convocatoria a protesta
A estas versiones se suman las denuncias de la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal (Fentep-Casc), que calificó los desalojos como arbitrarios.
Su presidente, Tomás Chery Morel, afirmó que las intervenciones se realizaron durante el asueto de Semana Santa y denunció el uso de gas pimienta por parte de agentes policiales. Según sus declaraciones, una mujer habría sufrido un preinfarto y varios vendedores fueron detenidos, hechos que tampoco han sido confirmado por las autoridades.
La organización convocó a una manifestación frente al Palacio Nacional para exigir explicaciones y soluciones.
Además, señalaron que muchos buhoneros mantienen deudas con programas de financiamiento como Banca Solidaria, lo que dificulta abandonar sus actividades sin alternativas concretas.
Promesas pendientes y futuro incierto
El conflicto también revive compromisos anteriores. Representantes del sector recordaron que durante la gestion del exalcalde David Collado se inició la construcción de módulos comerciales en la zona, un proyecto que —según indican— no ha sido concluido.
Asimismo, mencionan promesas del presidente Luis Abinader para ampliar estas infraestructuras, las cuales aún no se han materializado.
¿Hacia dónde va el conflicto?
El conflicto de recuperación de espacios públicos en estas avenidas plantea un desafío de equilibrio entre el orden urbano y la realidad socioeconómica de cientos de familias que dependen del comercio informal.
Mientras las autoridades avanzan en su agenda de organización, en las calles persiste la incertidumbre. La coexistencia de casetas removidas y otras aún en funcionamiento evidencia que el proceso está lejos de completarse.
El desenlace dependerá, en gran medida, de la capacidad de diálogo entre las partes y de la implementación de soluciones que no solo ordenen la ciudad, sino que también garanticen alternativas dignas para quienes han hecho de estas aceras su medio de vida.
