La muerte de una adolescente de apenas 14 años por electrocución en el sector La Otra Banda, en Higüey, no puede ser tratada como una simple estadística ni como un accidente aislado. Se trata de una tragedia que desnuda fallas estructurales en la seguridad eléctrica, en la prevención de riesgos domésticos y en la respuesta colectiva ante peligros que se han normalizado en muchos hogares dominicanos.
Según los datos preliminares, la joven se encontraba sentada en una silla de metal mientras utilizaba un teléfono móvil conectado a la corriente eléctrica. Un corte de energía y el posterior restablecimiento del servicio habrían provocado la descarga que terminó quitándole la vida, aun cuando fue asistida por el Sistema 911 y trasladada al Hospital Nuestra Señora de La Altagracia. Nada de esto debió ocurrir. Todo era evitable.
Desde la redacción de Radar Voz, entendemos que la pobreza, la informalidad eléctrica y la falta de educación sobre riesgos domésticos forman una combinación letal. En miles de viviendas del país, el uso de extensiones defectuosas, conexiones improvisadas, falta de tierra física y electrodomésticos sin protección adecuada es parte del día a día, sin que exista una política sostenida de orientación y supervisión.
Pero esta tragedia también interpela al Estado. ¿Dónde están las campañas permanentes de prevención? ¿Dónde está la fiscalización de las empresas distribuidoras cuando se producen fluctuaciones peligrosas en el servicio eléctrico? ¿Quién responde por los apagones seguidos de picos de voltaje que convierten objetos cotidianos en trampas mortales?
La presencia de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Policía Científica en el levantamiento del caso es necesaria, pero insuficiente. No basta con certificar una causa de muerte cuando el problema sigue intacto y expuesto para que otra familia vuelva a llorar. La justicia preventiva también salva vidas, y esa empieza mucho antes de una autopsia.
Como sociedad, debemos asumir que la seguridad no termina en la calle. Los hogares, las escuelas y las comunidades necesitan información clara, accesible y constante sobre el uso seguro de la electricidad, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes, quienes muchas veces desconocen los riesgos reales de prácticas aparentemente inofensivas,
Desde Radar Voz, hacemos un llamado urgente a las autoridades energéticas, educativas y municipales, así como a las empresas distribuidoras, para que asuman su cuota de responsabilidad. Prevenir una muerte no cuesta más que ignorarla, pero vale infinitamente más. La vida de una adolescente no puede apagarse por una falla que el país lleva años sin corregir.
