Caracas, Venezuela.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un plan para cerrar la temida cárcel del Helicoide y proponer ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general que podría liberar a cientos de presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad. Esta desición se produce en el marco de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, en un contexto de profundos cambios políticos en el país.
El Helicoide, ubicado en Caracas y gestionado por el Servicio Nacional (Sebin), ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos y la oposición como un centro de detención y torturas durante décadas. Rodríguez afirmó que este emblemático recinto, símbolo de represión política, dejará de funcionar como cárcel y será transformado en un espacio social, deportivo, cultural y comercial para la comunidad y las familias policiales.
En su discurso, la mandataria encargada explicó que la nueva ley de amnistía general abarcaría a casos de violencia política desde el año 1999 hasta el presente, con el objetivo de «reparar las heridas» que han dejado años de confrontaciones en Venezuela y promover la convivencia pacífica entre los ciudadanos. No obstante, aclaró que la medida no incluirá a quienes hayan sido procesados o condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.
Aunque el Gobierno ha difundido que ya se han liberado cientos de detenidos desde principios de enero como parte de un proceso de reconciliación política, organizaciones como Foro Penal señalan que todavía permanecen más de 700 personas encarceladas por motivos políticos y que los avances han sido lentos y poco transparentes.
La propueta de amnistía y el anuncio del cierre del Helicoide han generado reacciones encontradas. Grupos opositores y familiares de presos políticos han expresado un optimismo cauteloso, celebrando la posibilidad de libertades ampliadas, mientras piden que la ley se redacte y apruebe con criterios claros y sin dejar a nadie atrás.
Expertos y organismos internacionales observan estas medidas como un paso significativo en la transición política del país, aunque advierten que la implementación efectiva de la ley y la transformación del Helicoide requerirán supervisión y acuerdos que garanticen derechos humanos, justicia y reconciliación social real.
