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«No tenemos para donde ir». Denuncian desalojos sin garantías en la ribera del Ozama

Residentes exigen justicia y reubicación digna

Santo Domingo Este, República Dominicana.- Doralisa Sánchez, residente desde hace más de 30 años en la ribera del río Ozama, en Santo Domingo Este, denunció ante las cámaras de Radar Voz los presuntos abusos que, según afirma, se están cometiendo en medio de los desalojos ejecutados por la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

«Aquí los viejitos nos van a tener que matar y tirarnos para el río en una funda, porque nosotros no tenemos para dónde coger», expresó, visiblemente afectada.

Como Doralisa, otros comunitarios aseguran que los desalojos se están realizando sin acuerdos claros, con procesos de reubicación poco definidos y sin garantías reales que les permitan enfrentar el futuro con dignidad.

Algunos residentes permanecen en sus viviendas a las espera de respuestas por parte de las autoridades | Foro: Radar Voz

En esta zona, específicamente en el sector Las Lilas, se desarrolla desde hace meses un proyecto de intervención urbana impulsado por URBE, como parte de un plan para recuperar espacios vulnerables y transformar la franja del litoral del río Ozama.

Hasta el momento, muchas familias han sido desalojadas de sus viviendas en medio de un ambiente de incertidumbre y preocupación. Aunque las autoridades presentan la iniciativa como un esfuerzo de mejora urbana, los residentes muestran una realidad distinta.

Entre las principales denuncias, los comunitarios señalan que las compensaciones económicas ofrecidas no son suficientes para adquirir una nueva vivienda. En el caso de Doralisa, afirma que solo le han ofrecido RD$363,000 pesos para abandonar su hogar, una cantidad que considera insuficiente.

Otra situación que genera malestar es que, según denuncian, las negociaciones se estarían realizando directamente con inquilinos y no con los propietarios de las viviendas.

«No dan un peso a los dueños. El dinero se lo han dado a los inquilinos. A un haitiano que vivía al lado de mi casa le dieron RD$700,000 pesos, y al dueño de la vivienda solo le ofrecen ciento y pico, y fue su casa la que tumbaron», relató.

A pesar de las críticas, algunos residentes reconocen la importancia del desarrollo de la zona. Sin embargo, insisten en que este proceso debe realizarse sin abusos, garantizando reubicaciones dignas o compensaciones justas.

Por su parte, URBE ha informado que estos desalojos forman parte de un plan para transformar el entorno y reubicar a estas familias que viven en condiciones vulnerables.

Ante este escenario, los comunitarios hacen un llamado a que prevalezcan el diálogo y la justicia en medio de todo este proceso.

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