Santo Domingo, República Dominicana.- El cirujano bariátrico doctor Rafael González García denunció una grave falta de varias aseguradoras de salud en la República Dominicana, a las que acusa de autorizar procedimientos quirúrgicos mientras niegan los materiales indispensables para realizarlos, una situacion que, según advirtió, está costando la vida de numerosos pacientes, especialmente en hospitales públicos.
El especialista calificó esta conducta como una irresponsabilidad que va más allá de lo administrativo y se convierte en una amenaza directa contra la vida humana. «Nos aprueban la cirugía, pero no los materiales. Eso no es una falla del sistema, es jugar con la vida del paciente», expresó, al tiempo que hizo un llamado urgente al Gobierno, al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y a la Superintendencia de Salud y Riestos Laborales (SISALRIL) para que intervengan de inmediato.
González García aseguró que la situación es recurrente y sistemática, señalando a varias aseguradoras que han llegado a rechazar pacientes pese a tener cirugías previamente aprobadas, al negarse a cubrir los insumos médicos necesarios para los procedimientos.
El médico explicó que miles de pacientes viven en una paradoja cruel: tienen una cirugía autorizada en palel, pero imposible de ejecutar en la práctica. «Le dicen al paciente que su operación está aprobada, pero que los materiales no los cubre el seguro. Eso es condenar a la gente si decirlo», denunció.
Indicó que los más afectados son los pacientes pobres y vulnerables, citando casos de personas diagnosticadas con aneurisma de la aorta abdominal, una enfermedad silenciosa y letal que requiere la sustitución de la aorta por una prótesis especial de politetrafluoroetileno (PTFE). Según explicó la negativa reiterada a autorizar este material ha provocado que pacientes permanezcan meses en espera o mueran tras la ruptura del aneurisma.
El cirujano calificó estas prácticas como inhumanas y peligrosas, y afirmó que el sistema de seguridad social está fallando en su fiunción esencial de proteger la vida. Exigió una investigación inmediata, sanciones ejemplares y una revisión profunda del modelo de autorizaciones, para evitar que decisiones administrativas sigan convirtiéndose en sentencias de muerte.
